En este 11 de septiembre, en la Diada Nacional de Cataluña, se cumplen cinco años de la gran manifestación independentista y de los preparativos del referéndum que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia de Cataluña por parte del Parlamento catalán (una declaración no reconocida por ningún Estado), el 27 de octubre siguiente.
El próximo 1 de octubre se cumplirán cinco años de las desgraciadas y duras cargas policiales, con una violencia sin precedentes de los cuerpos de seguridad del Estado contra los manifestantes que, pacíficamente, deseaban votar en aquel referéndum.
Después de cinco años todo está más que confuso, con una división más que evidente entre los partidos independentistas y con una mesa de diálogo, entre los gobiernos de Cataluña y del Estado, que, a día de hoy, no ha conseguido ningún resultado visible.
A lo largo de los años del 'Procés' (desde el 2012 al 2017), la Iglesia catalana o mejor dicho, los obispos catalanes, se mantuvieron en una cierta equidistancia, apostando por el diálogo entre el gobierno catalán y el español, aunque algunos obispos (cabe recordarlo), defendieron el derecho de Cataluña a poder escoger libremente su futuro en un referéndum.
La Iglesia catalana, en sintonía con este pueblo al que sirve, siempre ha defendido la realidad nacional de Cataluña y por eso, ya en 1985, los obispos catalanes aprobaron el documento, “Arrels cristianes de Catalunya”, donde se afirmaba que “la existencia de la nación catalana, exige una adecuada estructura jurídico política, que haga visible el ejercicio de sus derechos”. Posteriormente, en 2011, los obispos catalanes aprobaron otro documento, “Al servei del nostre poble”, donde afirmaban: “Creemos humildemente que conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán (que es lo que pretendían los partidarios del referéndum), para que sea amada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua y su cultura”.
Cabe recordar que el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, afirma que cada nación tiene derecho fundamental a la existencia y derecho a la propia lengua y cultura, mediante la cual un pueblo expresa y promueve su soberanía espiritual derecho a construir el propio futuro proporcionando a las generaciones más jóvenes
También es necesario recordar que en su discurso a las Naciones Unidas, el 5 de octubre de 1995, el papa Juan Pablo II afirmó (en relación a las naciones) que “el derecho a la existencia es ciertamente el presupuesto de los otros derechos de una nación”. Y el Papa continuaba así: “Nadie, por lo tanto (ni un estado ni otra nación, ni una organización internacional) tiene derecho a creer que una determinada nación no sea digna de existir”.
Es importante destacar que la Iglesia siempre ha reconocido los nuevos estados, como pasó con los países latinoamericanos que se independizaron de España. Así, recientemente, con motivo del Bicentenario de la independencia de México, el papa Francisco se dirigía al presidente de la Conferencia Episcopal de aquel país, afirmando que “celebrar la independencia es afirmar la libertad y la libertad es un don y una conquista permanente” (Carta del Papa al presidente de la CEM, 16 de septiembre de 2021). Y aún, el arzobispo Bergoglio, de Buenos Aires destacó la importancia de la Iglesia argentina, hace dos siglos, en la independencia de aquel país.
Cinco meses antes del referéndum del 1 de octubre de 2017, en un comunicado del 11 de mayo de aquel año, los obispos catalanes decían: “Defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos (y por eso la legitimidad de un referéndum). El comunicado seguía así: “Animamos el camino del diálogo y el entendimiento entre todas las partes interesadas, a fin de alcanzar soluciones justas y estables”.
Es importante que los obispos catalanes destacaran la “legitimidad moral de todas las opciones políticas”, a diferencia de muchos obispos españoles que definían la unidad de España como un “bien moral”. Así, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, decía que el intento de independencia de Cataluña, “además de ser una cuestión delicada política y penalmente hablando, es también un pecado inmoral reprobable”. Y el que fue arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, en la homilía de la misa de la fiesta de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre de 2017, decía que “la Virgen nos exhorta a vivir en la patria común de todos los españoles”.
Por el contrario, los obispos catalanes, nunca han defendido la independencia de Cataluña, sino el derecho a decidir con libertad su futuro. Así, el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, en 2014, con gran sentido común, afirmaba que “proceso soberanista es una cuestión política, no moral y es necesario respectar todas las opciones, todas muy respetables”. Y el obispo Francesc Pardo, de Girona, el 23 de abril de 2014, decía: “Es del todo necesario conocer la opinión de todos o de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que tenemos el deber y el derecho de manifestar la propia opinión y decisión en cuestiones importantes y decisivas”. Y medio año después, el 29 de octubre, el obispo Pardo exhortaba “a los cristianos que no se mantengan al margen al “Procés” que vive el pueblo catalán”.
Aún, el 6 de mayo de 2014, mossèn Joan Costa, afirmaba en Girona, que “nadie tiene derecho a negar una consulta”, porque “es injusta la actitud del estado que rechaza una consulta para que los ciudadanos puedan escoger su futuro”. Por eso más de 400 presbíteros y diáconos firmamos una nota a favor del referéndum del 1 de octubre, como un derecho del pueblo catalán a elegir su futuro libremente.
A medida que se acercaba el referéndum, los abades de Poblet y de Montserrat dieron a conocer un comunicado (21 de septiembre de 2017), en el cual pedían “a los gobernantes de Cataluña y de España, un ejercicio de máxima prudencia y responsabilidad, para un diálogo constructivo”. Lo mismo hacían las abadesas y prioras benedictinas y cistercienses de Cataluña.
Nada de eso ocurrió y en el referéndum del 1 de octubre, las cargas policiales contra los votantes se hicieron tristemente famosas, apaleando a una población que, pacíficamente, quería ejercer su derecho al voto. Por eso el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, denunció, con valentía, “la situación de violencia que se ha vivido hoy en Cataluña”, calificándola de “deplorable” (Religión Digital, 1 de octubre de 2017). El arzobispo Omella pedía “encontrar una salida democrática a la situación que estamos viviendo”.
Mientras que algunos obispos españoles ponen la unidad de España casi como un dogma, algunos obispos catalanes defendieron la necesidad de respetar el referéndum, para que la ciudadanía pudiese expresar su opinión.
Es necesario destacar que el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma que “Todos los pueblos tienen la libre determinación”. Y que el Tribunal Internacional de Justicia dice que “no existe en Derecho Internacional ninguna norma que pueda prohibir las declaraciones unilaterales de independencia” y que “cuando haya contradicción entre la legalidad constitucional de un estado y la voluntad democrática, prevale esta última”.
Como dijo el papa Francisco, “los problemas se resuelvan por medio del diálogo y la negociación” (Religión Digital, 27 de septiembre de 2020) y no con las porras y la judicialización de la política. Nos lo recordaba también Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, con motivo del enfrentamiento entre Israel y Palestina, cuando decía: “No se puede decir a los palestinos que no tienen derecho a una tierra y a una nación” (Religión Digital, 22 de octubre de 2020).
Y es que en los conflictos nacionales, muchos obispos se han puesto de lado del pueblo, como estamos viendo actualmente en Nicaragua o como el arzobispo bielorruso, Tadeuzs Kondrusiewicz, que por su compromiso con las reivindicaciones del pueblo, fue impedido de entrar en Bielorrusia desde Polonia, después de defender las manifestaciones contra el gobierno de Alexander Lukaashenko. Por eso, con muy buen criterio, el obispo Agustí Cortés, de Sant Feliu de Llobregat, y en relación al “Procés”, afirmaba que “mientras una persona pueda recitar el Credo y sentirse buen cristiano, si uno está pensando en la independencia y el otro no, el obispo no puede decir quién está más cerca del Evangelio, yo tengo muy clara la obligación moral de amar a Cataluña. Es un derecho y un deber de cualquier cristiano amar a su país y trabajar por él” (Catalunya Religió 3 de marzo de 2021).
Con motivo de la Diada de este año, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha manifestado que “la Iglesia católica se pone al servicio de cada pueblo donde está enraizada”, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, nos ha recordado que “el Magisterio de los obispos catalanes, en los últimos decenios, ha afirmado repetidamente el hecho de la identidad nacional de Cataluña”. Por eso algunos obispos catalanes intentaron (sin ningún resultado positivo), establecer puentes de diálogo entre el gobierno de Cataluña y el de España.
Ahora estamos en un momento de “impase”, con unos partidos independentistas divididos, la ciudadanía independentista con ganas de empujar el “Procés” y mucha gente expectante con lo que pase con la Diada de este año y con unos resultados, por ahora invisibles e intangibles, de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. Por su parte, la Iglesia catalana sigue este proceso entre el interés y la indiferencia. Veremos cómo es esta Diada y qué nace de ella. Si es que nace algo.
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